Constitutionality of the legal competence of legal clinics
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Dogmatic-critic paper with the aim of examining the constitutionality of the regulation of legal clinic competences, as established by the article 30 of the Decreto 196 de 1971 and the Ley 583 de 2000, two core laws in the mentioned topic. Its target is to demonstrate that with the promulgation of the Constitución de 1991, the regulatory scheme contained in the said dispositions, becomes contradictory with the new constitution since it surpasses the concept of poor, utilized in those dispositions, by the one of people in state of vulnerability which deserve special protection. Imposing the legal clinics with a social burden which contradicts the principle of University Autonomy, as well as imposing the obligation to ease the access to justice to individuals without economic resources, function for which the Defensoría del Pueblo was created. Furthermore, it changes the principles from which the right of defense and the right to a due process are interpreted. New central concepts from which the function, that until 1991 the legal clinic students were performing during their practices, does not satisfy the constitutional parameters for the realization of the due process postulate anymore.
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References
Arias D. (2004). Los consultorios jurídicos en el sistema nacional de Defensoría Pública. La defensa. Revista de la Defensoría Pública de Colombia, 5, 50-57.
Bernal, J. (1987). El proceso penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Betancur, J. (1978). Jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Años 1969 a 1977. Armenia: Lito Editorial Quingráficas.
Betancur, J. (1979). Derecho constitucional colombiano (3ª ed.). Medellín: Colección jurídica Bedout.
Chinchilla, T. (1988). El estado de derecho como modelo político-jurídico. Revista Facultad de derecho y Ciencias Políticas Universidad Pontificia Bolivariana, 80, 51-52.
Córdoba, J. (1995). El defensor del pueblo y los derechos humanos. Bogotá: Colgráficas Ltda. Defensoría del Pueblo, serie textos de divulgación, No. 5.
Corte Constitucional (1995). Bogotá. Sentencia SU-044. Magistrado Ponente: Antonio Barrera.
Corte Constitucional (1996). Bogotá. Sentencia C-037. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional (1996). Bogotá. Sentencia C-542. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional (1996). Bogotá. Sentencia C-617. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Corte Constitucional (1997). Bogotá. Sentencia C-588. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.
Corte Constitucional (1999). Bogotá. Sentencia C-247. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.
Corte Constitucional (2001). Bogotá. Sentencia C-143. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Corte Constitucional (2003). Bogotá. Sentencia C-40. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional (2005). Bogotá. Sentencia C-591. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional (2005). Bogotá. Sentencia C-1194. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional (2008). Bogotá. Sentencia C-162. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional (2014). Bogotá. Sentencia C-083. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
Corte Suprema de Justicia (1970). Bogotá. Sentencia de Sala Plena del 30 de septiembre. Magistrado Ponente: Luis Sarmiento Buitrago. En: J. Betancur (1978. Jurisprudencia Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Años 1969 a 1977. Armenia: Lito Editorial Quingráficas.
Corte Suprema de Justicia (1970). Bogotá. Sentencia de Sala Plena del 14 de diciembre. Magistrado Ponente: Eustorgio Sarria. G.J. CXXXVII BIS, p. 47.
Corte Suprema de Justicia (1975). Bogotá. Sentencia de Sala Plena del 22 de mayo. Magistrado Ponente: Eustorgio Sarria.
Corte Suprema de Justicia (1975). Bogotá. Sentencia de Sala Plena del 21 de agosto. Magistrado Ponente: Eustorgio Sarria. G.J. CXXXVIII, No. 1.230, 1.231 y 1.232. p. 187.
Corte Suprema de Justicia (1999). Bogotá. Sentencia de Sala Penal del 22 de octubre. Magistrado Ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego.
Corte Suprema de Justicia (2007). Bogotá. Sentencia de Sala Penal del 11 de julio. Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca.
Gaona, M. (1988). Control y reforma de la Constitución en Colombia (Tomo II). Bogotá: Ministerio de Justicia – Superintendencia de Notariado y Registro.
Giraldo, O. (1997). Derecho administrativo General (7ª ed.). Medellín: Ediciones Abogados Librería.
Londoño, H. (1974). De la captura a la excarcelación. Bogotá: Editorial Temis.
Londoño, H. (1989). Tratado de derecho procesal penal (Tomo I). Bogotá: Editorial Temis.
Olano, C. (1987). Derecho constitucional e instituciones políticas (2ª ed). Bogotá: Editorial Temis.
Peláez, H. (2015). Una mirada al problema del derecho de los sujetos y grupos des- aventajados de especial protección en Colombia y la apuesta por una necesaria fundamentación teórica desde las teorías contemporáneas de la justicia. Estudios sociojurídicos, 17(1), 125 -168.
Sáchica, L. (1986). La de 1886, una constitución a la medida. Bogotá: Editorial Temis.
Sáchica, L. (1987). Constitucionalismo colombiano (8ª ed.). Bogotá: Editorial Temis.
Silva, G. (2001). El mundo real de los abogados y de la justicia (Tomo I. La profesión jurídica). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Valbuena, G. (2009). Acceso al derecho, más que acceso a la justicia formal. Ámbito Jurídico, 267, 18.
Velásquez, H. (2013). Críticas a las competencias de los consultorios jurídicos. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Vidal, J. (1985). Derecho constitucional general (3ª ed.). Bogotá: Editorial Externado de Colombia.